Comunicado de Corriente Roja ante las últimas detenciones de dirigentes de la izquierda abertzale
La detención en la noche de ayer martes de Arnaldo Otegi, Rafa Díez, Rufi Etxeberria, Sonia Jacinto, Arkaitz Rodríguez, Amaia Esnal, Txelui Moreno, Mañel Serra en Hernani y Miren Zabaleta mientras estaban reunidos en la sede de LAB en Donostia, constituye el hecho más grave de una locura represiva en la que está instalado el Gobierno del PSOE como parte de una estrategia basada en aniquilar todo tipo de solución política al conflicto vasco. Es la más brutal respuesta a la decidida y explícita propuesta de diálogo en la que está empeñada la izquierda abertzale.
Estas detenciones se suman a la más salvaje represión desencadenada en los últimos meses contra colectivos y personas, ilegalizaciones de manifestaciones y de hechos lúdicos, prohibiciones de homenajes a las víctimas de la Dictadura, y un sin fin de actuaciones incalificables de la Consejería de Interior contra el conjunto de la ciudadanía vasca. A ello hay que añadir los secuestros y apaleamientos al margen de cualquier medida legal ocurridos en las últimas semanas, incluido el secuestro y asesinato mediante tortura de Jon Antza, hechos que sólo pueden calificarse de terrorismo de Estado y que recuerdan las más terribles actuaciones de los GAL. El hecho de que ningún medio de comunicación de ámbito estatal, ni ninguna fuerza parlamentaria, se hayan hecho eco de estos hechos, ni mucho menos los hayan denunciado, da idea de la impunidad en la que actúa la represión y de la complicidad criminal con que se produce.
Una vez más se persigue a personas que nada tienen que ver con la violencia y deja en evidencia la sentencia del Tribunal Constitucional relativa a Iniciativa Internacionalista en la que se afirmaba que "la ideología de la izquierda abertzale no esta proscrita". Los hechos demuestran que el Ministerio del Interior y su brazo ejecutor, una Audiencia Nacional que no solamente es heredera del Tribunal de Orden Público, sino que como él actua atropellando los derechos democráticos más elementales, están pisoteando el menor resquicio de Estado de Derecho. Las recientes declaraciones de Rubalcaba, inscribiendo su tarea como continuidad de los 50 años de lucha contra ETA, heredero por lo tanto de las fuerzas represivas de la Dictadura, y afirmando que ni aún condenando la violencia la izquierda abertzale estaría nunca en las instituciones, son el más claro exponente del auténtico Estado de Excepción que se cierne sobre Euskal Herría.
Su único amparo es una infame Ley de Partidos cuya existencia, sin que ninguna fuerza política institucional, ni ningún juez hayan denunciado su inconstitucionalidad, niega derechos civiles y políticos consustanciales a la más ramplona democracia. Pero no es sólo una Ley contra una parte importante del pueblo vasco al que se le niega cualquier existencia política. La represión contra el Sindicato Andaluz de Trabajadores, apaleando mujeres y hombres jornaleros y procesando a su dirección, contra otros colectivos sindicales en lucha como TMB en Barclona o el metal de Galicia, contra el movimiento antifascista a quien se reprime mientras los fascistas - que exhiben sus más brutales consignas y agresiones - actúan en plena libertad, muestran que, como ocurrió con Iniciativa Internacionalista, todo movimiento que no hinque la rodilla ante el poder mientras recibe en premio suculentas subvenciones, está en el punto de mira de la represión, máxime en momentos de crisis económica con sus previsibles estallidos de lucha social.
El hecho de que las detenciones de anoche se hayan producido allanando la sede del sindicato LAB, apresando a dirigentes sindicales que encabezan junto con el resto de la mayoría sindical vasca la respuesta de clase a la crisis económica, debe entenderse como una ofensiva contra el conjunto de la clase obrera euskalduna y un aviso a navegantes para la del conjunto del Estado.
Corriente Roja cree que ha llegado el momento de que todas las organizaciones políticas, sindicales y movimientos sociales del conjunto del Estado con un mínimo de dignidad expresemos con claridad que no estamos a admitir tamaños atropellos democráticos, ni en Euskal Herria, ni en ningún otro lugar. Es preciso lograr la máxima unidad posible de todos los sectores democráticos exigiendo la derogación de la Ley de Partidos y de todo el entramado legal "antiterrorista" desarrollado a partir de ella.
Coriente Roja manifiesta toda su solidaridad con las y los detenidos y exige su inmediata libertad, así como la Amnistía para todos los presos políticos. Una vez más declara su convencimiento de que es imprescindible que se abra un proceso de diálogo político que, a partir del reconocimiento efectivo del Derecho de Autodeterminación de los pueblos, permita una solución democrática y negociada al conflicto vasco.
La detención en la noche de ayer martes de Arnaldo Otegi, Rafa Díez, Rufi Etxeberria, Sonia Jacinto, Arkaitz Rodríguez, Amaia Esnal, Txelui Moreno, Mañel Serra en Hernani y Miren Zabaleta mientras estaban reunidos en la sede de LAB en Donostia, constituye el hecho más grave de una locura represiva en la que está instalado el Gobierno del PSOE como parte de una estrategia basada en aniquilar todo tipo de solución política al conflicto vasco. Es la más brutal respuesta a la decidida y explícita propuesta de diálogo en la que está empeñada la izquierda abertzale.
Estas detenciones se suman a la más salvaje represión desencadenada en los últimos meses contra colectivos y personas, ilegalizaciones de manifestaciones y de hechos lúdicos, prohibiciones de homenajes a las víctimas de la Dictadura, y un sin fin de actuaciones incalificables de la Consejería de Interior contra el conjunto de la ciudadanía vasca. A ello hay que añadir los secuestros y apaleamientos al margen de cualquier medida legal ocurridos en las últimas semanas, incluido el secuestro y asesinato mediante tortura de Jon Antza, hechos que sólo pueden calificarse de terrorismo de Estado y que recuerdan las más terribles actuaciones de los GAL. El hecho de que ningún medio de comunicación de ámbito estatal, ni ninguna fuerza parlamentaria, se hayan hecho eco de estos hechos, ni mucho menos los hayan denunciado, da idea de la impunidad en la que actúa la represión y de la complicidad criminal con que se produce.
Una vez más se persigue a personas que nada tienen que ver con la violencia y deja en evidencia la sentencia del Tribunal Constitucional relativa a Iniciativa Internacionalista en la que se afirmaba que "la ideología de la izquierda abertzale no esta proscrita". Los hechos demuestran que el Ministerio del Interior y su brazo ejecutor, una Audiencia Nacional que no solamente es heredera del Tribunal de Orden Público, sino que como él actua atropellando los derechos democráticos más elementales, están pisoteando el menor resquicio de Estado de Derecho. Las recientes declaraciones de Rubalcaba, inscribiendo su tarea como continuidad de los 50 años de lucha contra ETA, heredero por lo tanto de las fuerzas represivas de la Dictadura, y afirmando que ni aún condenando la violencia la izquierda abertzale estaría nunca en las instituciones, son el más claro exponente del auténtico Estado de Excepción que se cierne sobre Euskal Herría.
Su único amparo es una infame Ley de Partidos cuya existencia, sin que ninguna fuerza política institucional, ni ningún juez hayan denunciado su inconstitucionalidad, niega derechos civiles y políticos consustanciales a la más ramplona democracia. Pero no es sólo una Ley contra una parte importante del pueblo vasco al que se le niega cualquier existencia política. La represión contra el Sindicato Andaluz de Trabajadores, apaleando mujeres y hombres jornaleros y procesando a su dirección, contra otros colectivos sindicales en lucha como TMB en Barclona o el metal de Galicia, contra el movimiento antifascista a quien se reprime mientras los fascistas - que exhiben sus más brutales consignas y agresiones - actúan en plena libertad, muestran que, como ocurrió con Iniciativa Internacionalista, todo movimiento que no hinque la rodilla ante el poder mientras recibe en premio suculentas subvenciones, está en el punto de mira de la represión, máxime en momentos de crisis económica con sus previsibles estallidos de lucha social.
El hecho de que las detenciones de anoche se hayan producido allanando la sede del sindicato LAB, apresando a dirigentes sindicales que encabezan junto con el resto de la mayoría sindical vasca la respuesta de clase a la crisis económica, debe entenderse como una ofensiva contra el conjunto de la clase obrera euskalduna y un aviso a navegantes para la del conjunto del Estado.
Corriente Roja cree que ha llegado el momento de que todas las organizaciones políticas, sindicales y movimientos sociales del conjunto del Estado con un mínimo de dignidad expresemos con claridad que no estamos a admitir tamaños atropellos democráticos, ni en Euskal Herria, ni en ningún otro lugar. Es preciso lograr la máxima unidad posible de todos los sectores democráticos exigiendo la derogación de la Ley de Partidos y de todo el entramado legal "antiterrorista" desarrollado a partir de ella.
Coriente Roja manifiesta toda su solidaridad con las y los detenidos y exige su inmediata libertad, así como la Amnistía para todos los presos políticos. Una vez más declara su convencimiento de que es imprescindible que se abra un proceso de diálogo político que, a partir del reconocimiento efectivo del Derecho de Autodeterminación de los pueblos, permita una solución democrática y negociada al conflicto vasco.
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